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“Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro”

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La Baja de la Edad de Imputabilidad Avanza
  
 
Es claro que en nuestro país en los últimos años nos estamos enfrentando a una campaña de criminalización de la pobreza, llevada adelante desde el sistema político y los medios de comunicación. Por un lado desde el gobierno por medio del Ministerio del interior, se han realizado mega operativos policiales, en los cuales  se ingresa a un barrio pobre haciendo allanamientos y pasando por encima de los derechos de quienes allí viven.  Por otra parte desde la “oposición” se pretende bajar la edad de imputabilidad penal de los adolescentes de 18 a 16 años. Todo esto con la excusa de la INSEGURIDAD, palabra que constantemente escúchanos o leemos en los medios de comunicación masivos, los cuales de forma sensacionalista se refieren a los adolescentes como “menores”,  hasta el punto que parece que esta palabra implicara delincuencia.  
 
De esta forma se busca  responsabilizar a los adolescentes de los delitos que se cometen, afirmando que estos son los culpables de esta INSEGURIDAD. Pero sin embargo según los datos del departamento estadístico de la Suprema Corte de Justicia la “infracción de los adolescentes solo constituye un 5,9% de los delitos ocurridos en el país” y de estos solo el 2% son contra personas (homicidios o crímenes sexuales) y el 98% son contra la propiedad (rapiñas o hurtos). Si el 94,1% de los delitos no son cometidos por menores ¿Por qué se afirma que bajando la edad de imputabilidad se solucionaría el problema?, ¿El juzgar a los adolescentes como adultos evita que estos delincan?  ¿No deberíamos preocuparnos más por educar, que por reprimir? Es sabido que en los países donde estas medidas se  han aplicado solo se ha logrado que la policía aplique su fuerza represiva con más dureza sobre los jóvenes, generando más violencia. ¿Acaso no es esto lo que pretende? El senador y ex Presidente Luis. Alberto Lacalle cuando en un programa periodístico (*1) expresó: “A esos decirles, se acabó el recreo. Acá empezamos a apretar. Y si hay que tirar, a tirar.  Y si hay que llevar preso, llevar preso”.  Parece  que Lacalle se olvida de su responsabilidad al aplicar sus políticas económicas que generaron desempleo y marginaron a miles de uruguayos.
 
Mientras tanto otro de los impulsores de esta reforma el Senador Pedro Bordaberry afirmó que “esta es la mejor propuesta que existe para vivir en paz” (*2). Resulta extraño escucharlo hablar de paz, cuando se opone a la anulación de la ley de caducidad, que no permite que sean juzgados los responsables de asesinatos y desapariciones durante la dictadura, y ha defendido a su padre (*3), quien fue uno los principales responsables políticos del terrorismo de estado. ¿Acaso los familiares de las víctimas de la dictadura no merecen vivir en paz y tener justicia? ¿Acaso su padre no es responsable como Lacalle de la marginación de miles de familias? La dictadura no solo pretendía terminar con el avance del movimiento popular, sino que también se instauro para aplicar las medidas neoliberales que crearon pobreza con mayor libertad.
 
La campaña de recolección de firmas ha demostrado  ser engañosa,  en primer lugar sus impulsores nos mienten cuando nos invitan a FIRMAR PARA VIVIR EN PAZ  y en muchos  casos ocultan su verdadero objetivo. ¿Quién no quiere vivir en paz? Por otra los adolescentes en Uruguay son responsables penalmente desde los 13 años según la Convención  de los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en 1991 y la  adecuación  del Código de la Niñez y la adolescencia en año 2004 por parte del parlamento, nuestro país cuenta con un sistema penal juvenil que regula la conductas delictivas que puedan tener los adolescentes de acuerdo con los acuerdos internacionales. Según estas normas las penas pueden llegar hasta 5 años de privación de libertad. Por otra parte la convención establece en sus artículos 1, 37 y 40. que  ningún menor puede ser juzgado como adulto . Esto  implica que de aprobarse esta reforma nuestra constitución violaría los acuerdos internacionales firmados.
 
Nuestro país ha comenzado a recibir llamados de atención de parte de organizaciones internacionales, como ejemplo de esto la  UNICEF  envió al gobierno uruguayo una carta en la cual manifiesta que: “Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a los adolescentes menores de 18 años como adultos se constituiría en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional”.    
 
 Es claro que la privación de libertad no contribuye al progreso de los adolescentes, el sistema carcelario no es eficiente para la rehabilitación, reeducación  y la resocialización. Por el contrario los jóvenes aprenden como acentuar los comportamientos que los llevaron allí. En vez de encerrar a los jóvenes que delinque por que no se los educa, poniendo penas alternativas. Según las estadísticas el 80% de los jóvenes que son privados de libertad reinciden, en cambio en los que pasan por programas de medidas no privativas solo lo hacen el 30%. A pesar de que es claro que los jóvenes que son privados de su libertad lo hacen por delitos más graves  las estadísticas demuestran que en la gran mayoría de los casos la cárcel no soluciona el problema de los menores infractores.
 
¿Por qué los impulsores de esta medida estigmatizan a los jóvenes, como si el hecho de serlo implicara ser delincuente? Se calcula que en nuestro país existen alrededor de 260 mil jóvenes de entre 13 y 17  años de los cuales solo cerca de 500 son infractores, esto  son un 0,002% del total. ¿Por qué en vez  bajar la edad de imputabilidad, no  se preocupan por  bajar la pobreza infantil?  Que a pesar de que ha descendido, aun llega al 37,8% en los niños menores de 6 años.
 
Por otra parte quienes afirman que los adolescentes están capacitados para ser juzgados como mayores se oponen a que estos reciban los beneficios de un adulto,  negando la posibilidad que puedan votar, conducir, casarse o cambiar de sexo. Es claro que existe una dualidad de criterios que pretende reforzar lo represivo,  sin generar derechos en base a una supuesta capacidad de reflexión sobre sus actos.
 
Está a la vista que para quienes impulsan esta iniciativa, este tema tiene réditos político electorales, los medios de comunicación han creado la ilusión de que los “menores” son los culpables de la INSEGURIDAD y según las encuestas la mayoría de los uruguayos están de acuerdo con la baja. La elección del sistema de reforma constitucional junto a las elecciones nacionales no es casual, formara parte de discurso en la campaña presidencial. Es necesario tomar iniciativas para frenar esta amenaza, ya ha progresado en otros países sin ningún resultado positivo.
 
 
(*1) Programa     QUIEN ES QUIEN – Televisión  Nacional de Uruguay
(*2) Programa                  nyc             – Televisión  Nacional de Uruguay
(*3)Juan María Bordaberry                  _   Presidente constitucional de la República, en 1973 dio un golpe de estado que tuvo como consecuencia cientos de desaparecidos y miles de presos político.